La necesidad de retirar dicho material surge de la obligación recogida en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se prevé la retirada plena de este material de edificios e instalaciones públicas para el año 2028.
La retirada ha sido efectuada mediante una empresa inscrita en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA), atendiendo al cumplimiento de la normativa reguladora del procedimiento de retirada y gestión de este material, y ha contado con a la subvención concedida por parte del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco.
